El desarrollo de la industria inmobiliaria en Panam\u00e1 en los \u00faltimos a\u00f1os ha sido notable, no solo localmente sino tambi\u00e9n regionalmente. Obras arquitect\u00f3nicas iconos de Panam\u00e1 como el Trump Tower, Torre F&F (conocida popularmente como el \u201cTornillo\u201d), entre otras, dan de pie a cr\u00edticas positivas por parte los distintos actores en dicho sector y de las asociaciones en el \u00e1mbito de la construcci\u00f3n, desarrollo y promoci\u00f3n de negocios inmobiliarios.<\/p>\n
Parte del desarrollo de la industria inmobiliaria en Panam\u00e1, ha sido la facilidad con la que las transacciones inmobiliarias se han venido ejecutando. La pr\u00e1ctica usual de las promotoras locales exclu\u00eda cualquier tipo de requisici\u00f3n o investigaci\u00f3n previa de las transacciones inmobiliarias, poniendo su confianza en el mejor de los casos en las instituciones financieras de la plaza en aquellas transacciones que requirieran financiamiento.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, hemos observado la presi\u00f3n internacional principalmente proveniente del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (mejor conocido como \u201cGAFI\u201d), que ha impulsado medidas estrictas a nivel internacional para evitar el uso de las plataformas financieras y de servicios para el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
Regulaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Panam\u00e1 se ha unido al esfuerzo internacional y ha promulgado la Ley 23 de 27 de abril de 2015 (la \u201cLey 23\u201d). Dicha ley regula las medidas de debida diligencia conforme a un enfoque basado en riesgo, para todos los participantes del sector financiero (\u201cSujetos Obligados Financieros\u201d) y a la vez crea la Intendencia de Supervisi\u00f3n y Regulaci\u00f3n de Sujetos Obligados No Financieros (la \u201cIntendencia\u201d). Dentro de los Sujetos No Financieros supervisados por la Intendencia y regulados por la Ley 23, se incluyen precisamente las empresas promotoras, agentes inmobiliarios, corredores de bienes ra\u00edces y empresas en el ramo de la construcci\u00f3n sean contratistas generales o especializados.<\/p>\n La Intendencia mediante la Resoluci\u00f3n No. JD-001-2015 de 14 de agosto de 2015, regulo sectorialmente y de forma espec\u00edfica el rubro del sector inmobiliario para los agentes participantes regulados por la Ley 23. Mediante la misma limita su aplicaci\u00f3n a las empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes y ra\u00edces a transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.<\/p>\n Bajo la Resoluci\u00f3n No. JD-001-2015 cada uno de los agentes antes mencionados del sector inmobiliario tiene el deber aplicar distintas medidas de debida diligencia de acuerdo a su funci\u00f3n y su actividad dentro de dicho sector a fin de verificar la identidad del cliente, verificar la naturaleza de la transacci\u00f3n y verificar la fuente de los fondos a ser utilizados en la transacci\u00f3n. Basado en un enfoque de riesgo realizado por cada sujeto obligado no financiero, se deber\u00e1 aplicar como m\u00ednimo una debida diligencia b\u00e1sica a cada cliente para el cual se est\u00e9 realizando una compraventa de bien inmueble en el caso de promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes y ra\u00edces, y para el caso de empresas contratistas en el ramo de la construcci\u00f3n, \u00e9stas deber\u00e1n aplicar al menos una debida diligencia b\u00e1sica a la empresa promotora con la cual establecer\u00e1 un relaci\u00f3n comercial.<\/p>\n Las medidas de debida diligencia establecidas en la Ley 23, desde las b\u00e1sicas que incluyen solicitar informaci\u00f3n detallada del cliente y verificarla razonablemente, hasta las reforzadas para aquellos clientes que, seg\u00fan el enfoque de riesgo, pueden ser de alto riesgo (por ejemplo: personas expuestas pol\u00edticamente (PEP), extranjeros de pa\u00edses de alto riesgo seg\u00fan reportes de la GAFI entre otros), crean una obligaci\u00f3n que cada participante del sector inmobiliario y de la construcci\u00f3n debe cumplir antes de iniciar la relaci\u00f3n comercial con el cliente. Dicho lo anterior, muchas son las voces que advierten una desaceleraci\u00f3n en el consumo de los servicios regulados, particularmente aquellos brindados por los Sujeto Obligados No Financieros, que frenar\u00edan sustancialmente la econom\u00eda paname\u00f1a, sin contar la p\u00e9rdida de un parte de la inversi\u00f3n extranjera por la burocracia que representa el cumplir con las medidas de debida diligencia establecidas en la Ley 23 y en las regulaciones sectoriales.<\/p>\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n No obstante lo anterior, yo soy de aquellos optimista que considera que esto es un gran paso para la misma econom\u00eda que mediante los filtros de las medidas de debida diligencia impuestas en la Ley 23, se sanear\u00e1 o al menos disminuir\u00e1 los m\u00e1rgenes de contaminaci\u00f3n de los sistemas financieros y de servicios de Panam\u00e1 con fondos y activos provenientes del blanqueo de capitales. En otras palabras, a pesar de que al inicio ser\u00e1 un trauma para los distintos sectores regulados por la Ley 23 implementar el cumplimiento de las medidas de debida diligencia y reportes que establece dicha ley, nos adaptaremos y continuaremos el curso de los negocios de una manera m\u00e1s transparente que nos beneficia no solo localmente con sistemas menos contaminados de transacciones relacionadas al blanqueo de capitales sino tambi\u00e9n internacionalmente con una imagen m\u00e1s seria con sistemas m\u00e1s fiscalizados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El desarrollo de la industria inmobiliaria en Panam\u00e1 en los \u00faltimos a\u00f1os ha sido notable, no solo localmente sino tambi\u00e9n regionalmente. 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