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Aunque la “digitalización” del mundo ya estaba en marcha mucho antes de la pandemia del COVID-19, Latinoamérica no había logrado los mismos niveles de digitalización que otros países. Según el Latin American Economic Outlook 2020, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en América Latina, 3 de cada 10 personas no tenía acceso a internet. Sin embargo, en el 2018 se determinó que el 68% de la población de Latinoamérica utilizaba el internet con regularidad, en comparación con 34% en 2010. La pandemia forzó la digitalización de muchos servicios y provocó que las personas utilizaran aún más el internet y los servicios tecnológicos, por lo que la necesidad de contar con legislación que permita su operación resulta imperativa. Específicamente, la digitalización de los servicios financieros gracias a las empresas de tecnología financiera, o generalmente denominadas “fintech”, promete hacer aún más accesible el sistema financiero.
Para facilitar la operación de fintechs, es necesario que las regulaciones bancarias sean lo suficientemente flexibles como para permitirles aportar a esa inclusión financiera que tanto se anhela. A la fecha, las regulaciones bancarias panameñas son bastante rígidas, y dificultan la creación y operación de fintechs que, por ejemplo, presten servicios financieros de billeteras electrónicas, lo que acaba disuadiendo la inversión en nuestro país y en su sistema financiero.
Para impulsar el establecimiento de empresas fintech, muchos países han implementado lo que se conoce como Sandbox Regulatorios, los cuales (1) les permiten a las empresas mitigar la incertidumbre jurídica del país, y (2) le permiten al regulador conocer y entender cómo operan estos negocios, para poder promover el desarrollo del ecosistema fintech y a la vez proteger al consumidor y la integridad del sistema.
¿Qué es un Sandbox Regulatorio?
Es un “espacio de experimentación y aprendizaje” creado intencionalmente por el regulador aplicable que permite a las empresas de tecnología innovadoras operar temporalmente bajo ciertos parámetros, mientras que son supervisadas por el regulador aplicable con miras a entender la industria y determinar: (1) los cambios que requiere la legislación vigente para facilitar el negocio respectivo, y/o (2) los ajustes que requiere el negocio en particular para que el regulador se sienta cómodo con permitir la operación de la empresa.
¿Cómo funciona un Sandbox Regulatorio?
El regulador establece parámetros bajo los cuales la empresa podrá operar durante un periodo predeterminado (por ejemplo, la duración, el perfil de clientes, productos, y mecanismos de cobertura), y las empresas solicitan su admisión al Sandbox, con el compromiso de proporcionar reportes periódicos al regulador. Durante el periodo de prueba, los reguladores pueden evaluar los riesgos del negocio, determinar que ajustes son necesarios, y la necesidad de nuevas normas o la modificación de normas existentes.
Es importante aclarar que los Sandbox Regulatorios son excepciones, por lo que lo que se ha visto en la práctica es que no se debe requerir obtener una licencia o permiso para operar dentro de ellos. Con el simple hecho de ser admitido al Sandbox Regulatorio se debe permitir que la empresa opere.
El apoyo y flexibilidad por parte del Estado es sumamente importante para promover el desarrollo del sector tecnológico en el país. Y facilitar la entrada de nuevos actores promueve la competencia, amplía la gama de servicios y rebaja su costo. Las empresas fintech facilitan el acceso al crédito, la apertura de cuentas bancarias u otro tipo de cuentas, el intercambio de dinero entre usuarios, y le abren la puerta a todo un sector de la población que puede no tener acceso a la banca tradicional o productos financieros más sofisticados (por ejemplo, acceso a inversiones en bolsas de valores extranjeras). Adicionalmente, son generadoras de empleo e inversión. Por ejemplo, en Colombia, la industria de fintech, la cual cuenta con 260 fintechs (ofrece servicios como pagos digitales, préstamos a PYMEs y crowdfunding) y genera 5,000 empleos directos, recibió inversiones por US$ 360,000,000.00 en 2020, posicionándose como el tercer país con mayor inversión en fintech en la región después de Brasil y México.
Por todo lo anterior, resultaría sumamente importante que Panamá busque maneras de facilitar la creación del negocio de estas empresas, y para ello la creación de Sandbox Regulatorios sería un gran paso en esa dirección. Entendiendo que, el hacerlo a través de esta opción, permite mitigar los posibles riesgos de esos negocios de manera controlada y evitar que se cree un “mundo paralelo” de empresas que operan dentro de los vacíos legales o asumiendo los riesgos de interpretaciones de las normas existentes. Ante un sector tan especializado, sería la manera más efectiva de hacer un esfuerzo coordinado entre el legislador, entes reguladores y las empresas para determinar la manera en la que estas últimas podrían operar dentro del sistema jurídico local.
Para más información o consultas sobre este tema favor contactar a:
Miguel Arias M.
Asociado Internacional
Morgan & Morgan Legal