El 22 de julio de 2020, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No 83 (el “Proyecto de Ley”), el cual regula las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada (las “SERL”) en Panamá, y que ahora está a la espera de ser sancionado (o vetado) por el Presidente de la República.

El Proyecto de Ley tiene como objeto “dinamizar y simplificar los procedimientos de constitución” de esta personería jurídica especial, a fin de que se eliminen los costos y la burocracia que usualmente se imponen en el camino de un emprendedor, así como “promover la generación de empleo a través de una nueva modalidad inicial de negocios”. Queda claro que este Proyecto de Ley es un gran paso a la formalización de muchos negocios y, además, es un incentivo adicional a los panameños para emprender y contribuir al desarrollo de la economía local. Sin embargo, resulta necesario analizar si este Proyecto de Ley, en caso de que sea sancionado por el Presidente, en efecto contribuirá a la creación de un “hub” deemprendimiento en Panamá, y si la figura es atractiva para un startup.

Tal y como hemos mencionado en el pasado, los startups se caracterizan por crecer exponencialmente de manera acelerada y requieren de grandes inyecciones de capital en un periodo corto de tiempo, a fin de financiar sus operaciones y alcanzar esa escalabilidad necesaria para para penetrar mercados internacionales y convertirse en verdaderos “disruptors”. Es por esto que, como premisa, planteamos que los startups, por naturaleza, no deben ser consideradas como análogas a una micro, pequeña y mediana empresa (MiPYME), dado que son empresas que crecen rápidamente y que requieren mucho capital, a diferencia de las MiPYME que crecen gradualmente por periodos prolongados de tiempo y la inyección de capital dependerá de su escala en el tiempo. Dentro de las normativas aplicables a startups, no se debe definir a un startup en base a los mismos criterios que se utilizan para definir a una MiPYME, ya que esta sería una definición poco adecuada de lo que es un startup y de su potencial. Queremos resaltar, entonces, que según el Artículo 25 del Proyecto de Ley, las SERL tienen límites de ingresos basados en las definiciones de micro y pequeña empresa, y que, si una empresa genera ingresos brutos por encima de esos límites, perdería su estatus como SERL. Esto resulta poco conveniente para un startup dado su crecimiento exponencial. Si un startup gana escalabilidad rápidamente, sus ingresos brutos pueden ser muy elevados desde un principio, sin embargo, ingresos brutos elevados no necesariamente significa que un startup está generando ganancias. Medir el estatus de un startup en base a sus ingresos brutos (lo que efectivamente es tratar a un startup como si fuera una MiPYME) da una falsa percepción de que la empresa no es, en efecto, una empresa de rápido crecimiento. En las recomendaciones que surgieron de un estudio de 2016 publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) y titulado “Startup América Latina: Construyendo un futuro innovador” (en adelante, el “Estudio de la OCDE”) , se hace referencia a que, por ejemplo, países como Chile y México, líderes en la promoción de los startups en América Latina, han optado por definir a un startup basándose en su desempeño (potencial de crecimiento), potencial para innovar, su orientación de mercado global, y capacidad de atender necesidades específicas del país o la región.

En su Artículo 5, el Proyecto de Ley estipula que las SERL solo pueden ser integradas por socios que sean personas naturales, lo que limita el tipo de personas que pueden invertir en estas sociedades. Si bien es cierto que, al inicio de la vida de un startup, los fundadores serán, muy probablemente, personas naturales, es posible que se quiera invitar a un socio capitalista a que forme parte de la empresa (muchas veces, además de aportar capital, estos socios son personas con experiencia que pueden fungir como mentores o asesores). Es posible que estos potenciales socios capitalistas deseen invertir, por diversas razones, a través de sus propios vehículos legales, por lo que esta limitante de quienes pueden ser socios debe tomarse en cuenta a la hora de considerar el tipo de persona jurídica bajo la cual se organizará el startup. Además, dado que muchas veces la empresa privada tiene la capacidad de aportar el capital semilla de un startup, incentivar al sector privado a dedicar parte de sus recursos para invertir en startups e incentivar la cultura local de emprendimiento es clave para la creación de una industria de startups robusta. Sobre esto, el mencionado Estudio de la OCDE, comenta que:

“[…] Los bancos comerciales y los de desarrollo, así como los fondos de inversión, podrían contribuir a dinamizar los ecosistemas emprendedores en la región. Canalizar el capital privado hacia la inversión productiva es aún un reto por superar para la región. Por ello se necesitan tanto reformas de los marcos legales para agilizar la inversión privada, como un cambio de actitud por parte de los mismos inversionistas.”

Adicional a esto, el Artículo 7 dicta que “de una a cinco personas […] residentes de la República de Panamá” podrán constituir una SERL. De esto no queda claro si solo se requiere que las personas que constituyen la SERL sean residentes de Panamá, o si las SERL están reservadas para residentes de Panamá, es decir, que no pueden tener socios extranjeros. De ser la segunda, el esfuerzo de atraer inversionistas y emprendedores extranjeros a Panamá se vería frustrado ya que reduciría el “pool” de socios capitalistas que pudieran invertir en la SERL aún más. Según una publicación de Forbes del 2018, 50 de los 91 startups de los Estados Unidos de América con valuaciones de más de mil millones de dólares, y con un valor combinado de US$ 248 mil millones, fueron fundadas por inmigrantes . Por lo que, si Panamá busca convertirse en un “hub” de emprendimiento, cerrar sus puertas a emprendimientos de extranjeros que, debido a las limitantes impuestas por la ley en sus jurisdicciones, buscan incorporarse en otros países de la región no contribuye a dicha meta.

Una característica importante de un startup es que las relaciones entre los accionistas y con inversionistas son sumamente complicadas y cambiantes. Permitir que una SERL sea creada sin la asesoría de un abogado puede ser bueno desde el punto de vista de agilizar el proceso, pero para un startup puede resultar en problemas futuros en caso de que existan fricciones entre los accionistas o inversionistas. Es por esto que el pacto social de un startup debe tener reglas claras sobre, por ejemplo, los derechos de los accionistas y las restricciones de venta. En ausencia de estas estipulaciones en un pacto social, los accionistas en un startup deben procurar suscribir un acuerdo de accionistas, a fin de que queden plasmadas las reglas de la sociedad, así como cualquier otra cosa que se quiera regular (como los compromisos de capital y dilución de participación accionaria). Bajo el Proyecto de Ley, las SERL podrán ser constituidas con un “estatuto tipo” e inclusive se proporcionará un modelo de este documento a través de PanamaEmprende. Un emprendedor rara vez está pensando en las consecuencias legales de constituir una sociedad o de las reglas que van a regir esa sociedad. Es por eso que es importante contar con la asesoría de un abogado al que el emprendedor o emprendedora pueda explicarle sus necesidades e inquietudes, y que el abogado genere documentos que cumplan con esas expectativas y manejen los problemas que puedan surgir en el futuro de la mejor manera.

Entre los métodos más comunes en los que un startup levanta capital para financiar sus operaciones es a través de la venta de acciones, por lo que la estructura accionaria de un startup sufrirá cambios a lo largo de su vida. Además, muchas veces, las acciones que se venden en diferentes rondas de financiamiento tienen derechos y obligaciones diferentes a las de los accionistas fundadores (como derechos de liquidación preferente y derechos de conversión), lo que proporciona un incentivo adicional para que un inversionista aporte capital al startup. Bajo el Proyecto de Ley, las SERL, las cuales tienen una estructura similar a las sociedades de responsabilidad limitada (“SRLs”), deben mantener actualizada “toda la información relativa a cambios en su estructura o en sus administradores y/o socios”. Por lo que la información sobre los socios no es privada y los traspasos o ventas de cuotas de participación deben ser inscritas en el Registro Público, proceso que puede resultar engorroso en caso que el startup pase por varias rondas de financiamiento y además agrega una capa de complejidades adicional a una fase fundamental de un startup, como lo es el levantamiento de capital.  Adicionalmente, nada en el Proyecto de Ley parece indicar que las SERL pueden emitir cuotas de diferentes clases, lo que significa que en una ronda de financiamiento solo se podrían ofrecer cuotas de participación con los mismos derechos, obligaciones y restricciones que el resto de los socios (misma situación que con las SRLs). Incentivar la inversión privada en startups es un componente primordial del desarrollo de este tipo de negocios, y las acciones de diferentes clases con, por ejemplo, derechos de liquidación preferente, son uno de los atractivos de invertir en un startup. El Proyecto de Ley limita significativamente la oportunidad de atraer capital a las SERLs.

De esto queda claro que la figura de sociedad anónima, la cual es ampliamente conocida tanto por inversionistas panameños como extranjeros, es el vehículo preferible para un startup dado que permite que los traspasos se hagan por medio de documentos privados, la estructura accionaria no tiene que constar inscrita en el Registro Público y la emisión de acciones de diferentes clases es permitida.

Por último, el tratamiento que se le otorgaría a las SERL en contrataciones públicas mediante el Artículo 36 puede prestarse para abuso. Bajo dicho artículo, las personas naturales o jurídicas que participen contrataciones públicas por mejor valor que incluyan en su propuesta a una o más SERL gozarán “de una puntuación adicional del 5%”. Este tratamiento preferencial puede provocar que consorcios incluyan SERLs en sus licitaciones solo para obtener el beneficio de la puntuación adicional, y no porque verdaderamente la SERL aporta algo al consorcio. Igualmente, no queda claro cómo se administra ese beneficio—es decir, si aplica tanto a la puntuación por precio, como a la técnica, o solo a la última.  La confusión puede resultar en procesos de impugnación de licitaciones, que causaría un efecto contraproducente.

Vale la pena mencionar que, en principio, una ley que incentiva el emprendimiento y la creación de empresas de una manera fácil, dinamizada y sin burocracia es un buen paso para la industria de los startups. Incluso, el Estudio de la OCDE menciona varios de los componentes que contiene el Proyecto de Ley como componentes importantes para el fomento de los startups, como lo son, la simplificación de trámites de constitución, la promoción de la cultura emprendedora y la implementación de estrategias que apunten al mejoramiento de la educación relativa al emprendimiento. Sin embargo, para que Panamá se convierta en un verdadero “hub” de innovación y startups,existen varios otros aspectos que deben contemplarse, como el fomento y facilitación de la inversión, la eliminación de barreras de entrada a ciertas industrias como la financiera y de comercio al por menor, la introducción de nuevas formas de financiamiento como el fondeo colectivo (“crowdfunding”) y la provisión de los instrumentos para agilizar dichas formas de financiamiento.  Estamos a la orden para cualquier consulta que puedan tener sobre estos temas.

Para mayor información en estos temas, por favor contactar a:

Un emprendedor tiene mucho que considerar a la hora de iniciar un nuevo negocio. ¿Quién formará parte del equipo? ¿Quién administrará la empresa? ¿Cómo se manejará la toma de decisiones? Sin duda, desde el punto de vista legal, entre las primeras preguntas que debe hacerse un emprendedor es: ¿Qué tipo de entidad se debe constituir? Aunque esta pregunta pueda parecer estrictamente legal, el tipo de entidad bajo la que se organiza un startup tiene consecuencias importantes para su administración, y para las relaciones entre los socios y/o accionistas, entre otras cosas.

Supongamos que dos personas (en adelante, los “Emprendedores”) han venido desarrollando una idea de negocios que creen poder comercializar. Los Emprendedores están dispuestos a aportar su capital y su esfuerzo para desarrollar la idea, pero no están seguros sobre como estructurar la entidad bajo la cual se llevará a cabo el negocio. Con este fin, los Emprendedores contactan un abogado para que los asesore en relación con dicha estructura.

El abogado le explica a los Emprendedores la importancia de organizar una empresa como una persona jurídica separada, ya que de esta manera la sociedad goza de personalidad jurídica propia y distinta a los Emprendedores para todos sus actos y contratos. Si, por ejemplo, los Emprendedores inician su negocio sin una sociedad debidamente constituida, existen circunstancias bajo las cuales se puede considerar que estos constituyeron una sociedad “de hecho”, y quedarían obligados personal, ilimitada y solidariamente por los contratos suscritos en nombre de la sociedad, así como por cualquier otra obligación que la sociedad pueda incurrir.  Es decir, los Emprendedores podrían acabar siendo responsables personalmente por las deudas que incurra la sociedad, sin ningún tipo de limite. Los Emprendedores le explican al abogado que, dado el potencial de rápido crecimiento que prevén tendrá su Startup, desean constituir una sociedad en la que puedan designar la toma de decisiones del día a día a un número limitado de personas, sin embargo, los Emprendedores, como accionistas, desean mantener el control sobre ciertas decisiones fundamentales. Además, no descartan que exista interés por parte de inversionistas, que deseen financiar las operaciones de la Startup a través de la compra de acciones en la sociedad, siempre y cuando exista una diferencia entre la participación accionaria de esos nuevos inversionistas, y los Emprendedores, quienes serían los fundadores y accionistas originales.

Lo ideal para esta situación sería constituir una la Sociedad Anónima (en adelante, la “Startup, S.A.”). El proceso de constitución es sencillo; para que la sociedad adquiera personalidad jurídica, únicamente se necesita que dos o más personas mayores de edad, sin importar su nacionalidad y sin estar domiciliadas en Panamá suscriban un Pacto Social frente a un Notario Público local y lo inscriban en el Registro Público.

A continuación, algunas de las características que Startup, S.A. comprenderá:

                Luego de la incorporación de Startup, S.A., los Emprendedores deberán tomar ciertos pasos para operar y proteger su negocio, y asegurarse que se convierta en un vehículo atractivo para futuras inversiones de terceros:

Estamos a la orden para cualquier consulta que puedan tener sobre estos temas.  Para mayor información en estos temas, por favor contactar a:

Existe, en el mundo empresarial, una nueva ola de negocios, conocidos como “startups”, los cuales crecen rápidamente gracias a que están altamente relacionadas con el uso general de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y las últimas tendencias empresariales. Dado el rápido crecimiento y escalabilidad que generalmente caracteriza a un startup exitoso, una de las consideraciones iniciales a la hora de emprender en un negocio de este tipo, y que afectará significativamente la manera en la que se maneja la empresa, y las relaciones con y entre accionistas e inversionistas, es la ley bajo la cual la empresa se organiza.

Con esto en mente, y como introducción a la serie de artículos que publicáremos dirigidos a los startups, hacemos a continuación una breve síntesis de las razones por las que organizar un startup bajo ley panameña podría ser provechoso para su creación, capitalización, contratación de personal, operación, financiamiento, y eventual venta o salida al mercado de capitales.

Antes de entrar en detalle sobre los beneficios de someterse a la legislación panameña, cabe recalcar que según el reporte de Doing Business 2020[1] del Banco Mundial, Panamá obtuvo un puntaje de 92 de 100 respecto a la facilidad de empezar un negocio, y uno de 80 de 100 en la facilidad de obtener crédito. El puntaje promedio para Latinoamérica y el Caribe es de 79 y 52, respectivamente, lo que posiciona a Panamá como un país líder en la región. Esto, en combinación con el hecho de que la moneda en curso legal es el dólar de los Estados Unidos de América y como país el punto geográfico de interconectividad que ofrece en la región, deja en evidencia que Panamá se encuentra entre los mejores países latinoamericanos para emprender un negocio.

Una vez un emprendedor tiene una idea concreta que desea desarrollar y comercializar, el primer paso que debe tomar al adentrarse al mundo de los startups es la creación de una sociedad. La principal ventaja de crear un negocio a través de una sociedad es el hecho de que las sociedades gozan de personalidad jurídica propia y distinta a la del fundador y sus socios para todos sus actos y contratos.[2] No es recomendable que un fundador lleve a cabo su actividad comercial a título personal por los riesgos implícitos de cada negocio, por lo que tener una estructura que limite la responsabilidad de los accionistas es clave. Sin duda, el vehículo con personería jurídica más común en Panamá es la sociedad anónima, regulada por la Ley No. 32 del 26 de febrero de 1927 (la “Ley de Sociedades Anónimas”), la cual detalla los requisitos para su constitución, estructura accionaria, órganos administrativos, entre otros. La Ley de Sociedades Anónimas dicta que para constituir una sociedad anónima se necesita que dos o más personas de cualquier nacionalidad y domicilio suscriban un pacto social frente a un notario público local. Una vez suscrito el pacto social en Escritura Pública, el mismo se inscribe en el Registro Publico, lo que hará efectiva la personalidad jurídica de la sociedad.[3] Este proceso de inscripción es relativamente sencillo y puede tomar entre 4 – 6 días hábiles. Sin embargo, es importante contar con la asesoría de un abogado idóneo quien actuará como agente residente, en cumplimiento del requisito de la Ley de Sociedades Anónimas y las normas que rigen a los agentes residentes, incluyendo los requisitos previos de debida diligencia que el agente residente de la sociedad requerirá para actuar en dicho rol, y se asegurará que el pacto social contenga todo lo que la Ley de Sociedades Anónimas requiera y que el proceso se lleve a cabo correctamente a fin de que surtan todos los efectos de la ley y se cumpla con las necesidades practicas del negocio respectivo.

Es importante mencionar también, que en Panamá existen otros tipos de sociedades comerciales, como como lo son las sociedades de responsabilidad limitada (“SRL”), por ejemplo. Sin embargo, para efectos de un startup, las sociedades anónimas son la persona jurídica preferible por su flexibilidad a la hora de ofrecer participaciones accionarias al publico, entre otras razones. Una de las maneras más comunes en las que un startup obtiene capital para financiar sus operaciones es a través de la venta de acciones a inversionistas (generalmente los “angel investors” o “venture capital investors” pedirán acciones a cambio de su inversión). Si el startup esta organizado como una SRL, se deberá modificar el pacto social de la sociedad, el cual es un documento que consta en el Registro Público, cada vez que se le venden cuotas de participación a un inversionista y, por lo tanto, se deberá inscribir en el Registro Público cada una de esas ventas.[4] Además, los socios que hayan pagado totalmente su participación social en la SRL tendrán derecho a voto en las deliberaciones de dicha SRL[5], lo que indica que las SRL no pueden emitir cuotas de participación que cuenten únicamente con derechos económicos. En cambio, una sociedad anónima puede emitir o transferir sus acciones mediante documentos privados, y dichas acciones pueden ser de clases distintas con diferentes derechos económicos y de votación (por ejemplo, derechos especiales de votación para la clase de acciones que suscriben los fundadores del startup). Esto último es relevante a la hora de colocar las acciones para la venta al público, o inclusive para colocaciones privadas dirigidas a inversionistas sofisticados.

En el ámbito fiscal, el sistema tributario de Panamá se rige bajo el Principio de Territorialidad el cual establece que una persona natural o jurídica esta sujeta al pago de impuestos sobre la renta únicamente sobre las rentas se generen dentro de Panamá, es decir, por operaciones o actividades que se realicen dentro del territorio.[6] Nuestro Código Fiscal establece que actividades como dirigir, desde una oficina en Panamá, operaciones fuera del territorio, y distribuir dividendos que provienen de rentas no producidas dentro del territorio, por ejemplo, no producen renta gravable en Panamá. Esto significa que un startup organizado bajo ley panameña solamente pagaría impuestos sobre las rentas que emanen de sus operaciones panameñas, lo que puede representar un ahorro importante para una empresa en su “seed stage”.

Adicionalmente, en Panamá existe una serie de incentivos fiscales que podrían ser aplicables a un startup dependiendo de su negocio. Existen leyes que eximen del pago de ciertos impuestos y otorgan créditos fiscales, entre otros incentivos, a empresas industriales de manufactura, agroindustriales y de transformación de recursos marinos[7]; empresas que se dedican a la investigación e innovación en campos científicos, tecnológicos humanísticos y culturales ubicadas dentro del complejo Fundación Ciudad del Saber[8]; empresas establecidas dentro del Área de Panamá-Pacifico[9]: empresas establecidas dentro de Zonas Francas[10]; empresas turísticas e inversionistas en empresas turísticas[11]; las sedes para empresas multinacionales[12] y a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros. Nuestro segundo articulo tratará en detalle estos temas, por lo tanto, estén al pendiente de los futuros artículos de esta serie.

También existen incentivos migratorios para aquellos startups que requieran importar talento desde el extranjero, como lo son los permisos de residente temporal en calidad de personal de confianza, ejecutivos, expertos y/o técnicos, entre otros. Esto podría resultar ventajoso para aquellos startups interesados en tener asesores o mentors en posiciones claves de sus startups para que guíen al fundador en rondas de financiamiento, entre otras cosas.

Dicho todo esto, importante cada idea de negocio sea evaluada en consideración a las disposiciones de la ley a fin de que se tomen decisiones en base a los particulares de cada caso y que las ventajas que ofrece la legislación panameña sean aprovechadas a su máximo nivel. Estamos a la orden para cualquier consulta que puedan tener sobre estos temas.

Para mayor información en estos temas, por favor contactar a:

[1] https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/panama/PAN.pdf
[2] Artículo 251, Código de Comercio de la República de Panamá.
[3] Artículo 1, Ley de Sociedades Anónimas.
[4] Ver Ley 4 de 9 de enero de 2009.
[5] Artículo 13, Ley 4 de 9 de enero de 2009.
[6] Artículo 694, Código Fiscal.
[7] Ley No. 76 de 23 de noviembre de 2009, como ha sido modificada hasta la fecha.
[8] Decreto Ley No. 6 del 10 de febrero de 1998.
[9] Ley 41 de 20 de julio de 2004, como ha sido modificada hasta la fecha.
[10] Ley 32 de 5 de abril de 2011.
[11] Ley 80 de 8 de noviembre de 2012.
[12] Ley 47 de 24 de agosto de 2007, como ha sido modificada hasta la fecha.