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Morgan & Morgan es reconocido por Euromoney Legal Media

Panamá, 27 de agosto de 2020.
Morgan & Morgan se complace en anunciar que nuestra firma ha sido nominada en dos categorías de los premios Women in Business Law Awards 2020 organizados por Euromoney Legal Media Group. Los premios destacan a las firmas de abogados y mujeres abogadas en diversas áreas de práctica, jurisdicciones y sectores, destacando a aquellos equipos que sobresalen en el ejercicio de la profesión legal.

Morgan & Morgan está nominado en las siguientes categorías: 

Pro-Bono – Latinoamérica

Manejo de Talento – Latinoamérica

Además, nuestra abogada Mayte Sánchez González está nominada en el área de práctica de Arbitraje Comercial.

Más información sobre este reconocimiento está disponible aquí.

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Utilización de créditos ITBMS en Panamá

27 de agosto de 2020

Desde el año pasado, la Dirección General de Ingresos, mediante decretos ejecutivos y resoluciones reglamentarias dispuso los lineamientos para la utilización y aplicación de los créditos del Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y Servicios (ITBMS) generados producto de las retenciones practicadas por los agentes de retención de este impuesto, en el caso de los consorcios o sociedades accidentales. Hasta mayo de este año, se permitía la cesión a otros dos contribuyentes de dichos créditos, los cuales podían ser aplicados solamente en dos períodos fiscales.

Recientemente, mediante la Resolución No. 201-5006 de 17 de agosto de 2020, se amplía el marco de aplicación de los créditos y además de los consorcios o sociedades accidentales, se reconocerá también a las sociedades regulares en los siguientes términos:

“Este crédito sólo será reconocido a las personas jurídicas regulares y sociedades sin personería jurídica, que por sus características actúen como agente de retención o como retenido y presenten una solicitud donde comprueben fehacientemente que se mantienen operativamente inactivos o que haya culminado la obra o proyecto para el cual fueron creados por lo que se les hace difícil poder recuperar y aplicar este crédito.”

Como mencionamos anteriormente, la utilización de los créditos fiscales de ITBMS sólo se permitía durante dos períodos fiscales; sin embargo, la Resolución No. 201-5006 que comentamos permite que sea aplicado por períodos subsiguientes en los siguientes términos:

“Informar a los contribuyentes que el crédito fiscal del ITBMS que se generó como consecuencia de la retención de los agentes de retención de este impuesto, podrá ser aplicado en el período fiscal en que se reconoce y períodos subsiguientes.”

El resto del procedimiento de reconocimiento y aplicación de dichos créditos se mantiene de la siguiente manera:

  • El contribuyente deberá estar al día con el pago de todas sus obligaciones tributarias para solicitar este reconocimiento del crédito.
  • El crédito reconocido podrá ser aplicado a dos contribuyentes obligados del ITBMS, para el pago de una deuda por este impuesto, por cada periodo fiscal, previo acuerdo entre las partes. Para esto deberá presentar formal solicitud ante la Dirección General de Ingresos, señalando las generales de los contribuyentes a quienes desea ser aplicado dicho crédito, el porcentaje que le será cedido, el porcentaje que se aplicará y el período a aplicar.
  • El crédito reconocido no podrá sr utilizado en un porcentaje mayor al cincuenta por ciento (50%) por período fiscal. 

Nos mantenemos a su disposición para aclarar lo que estimen prudente. Favor contactarnos en [email protected] o directamente a:

Amanda Barraza de Wong
Asociada Senior, Morgan & Morgan
[email protected] 

Angélica Ortiz
Asociada, Morgan & Morgan
[email protected]

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Nuevas reglas de Facturación en Panamá

24 de agosto de 2020

A inicios del año, mediante los Decretos Ejecutivos 114 y 115 de 30 de enero de 2020, la reglamentación para expedir facturas mediante equipo fiscal fue modificada otorgando un espacio de tiempo para adecuar los equipos fiscales a las nuevas reglas que en concreto se requieren para comunicar en línea las transacciones a la Dirección General de Ingresos. Así mismo, se describe el marco regulatorio de las facturas electrónicas que desde 2018 se ha desarrollado bajo un plan piloto con la colaboración de un grupo de contribuyentes.  Mediante los Decretos Ejecutivos 366 y 367 del 31 de Julio de 2020, se adecúan estas normas que a grandes rasgos comprenden lo siguiente:

Novedades: Facturación Electrónica.

Personas obligadas a implementar y cumplir estas normas de facturación electrónica.

Inicialmente se dispuso que la factura electrónica aplica a toda persona natural o jurídica exceptuada del uso de Equipos Fiscales; sin embargo, la norma actualizada indica que están obligados los que soliciten a la Dirección General de Ingresos el uso de las Factura Electrónica.

Adicionalmente, la Dirección General de Ingresos procederá a determinar los grupos de contribuyentes que por la naturaleza de sus operaciones o volumen de facturación deben utilizar Facturación Electrónica en lugar de Equipos Fiscales.

Definiciones técnicas.

Originalmente se definieron 18 conceptos relacionados con los aspectos técnicos de la reglamentación. Con el nuevo Decreto Ejecutivo se adicionan 4 conceptos nuevos: (i) autorización de uso emitida por el Facturador Gratuito del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá, (ii) Facturador Gratuito del Sistema de Factura Electrónica de Panamá, (iii) operación de contingencia y (iv) registro de evento.

Algunas características de la Factura Electrónica.

  • Documento electrónico en formato XML.
  • Existe meramente de forma digital.
  • Será firmado de forma digital.
  • Validado por un Proveedor de Autorización Calificado (PAC).
  • Presta mérito ejecutivo.
  • Cuentan con la misma fuerza probatoria que las facturas emitidas por los equipos fiscales y en sentido amplio a los desarrollados en el Libro Segundo de Procedimiento Civil del Código Judicial.
  • Incluye facturas de exportación e importación.
  • La fuerza probatoria la garantiza la firma electrónica calificada del emisor, respaldada por un certificado electrónico expedido por un certificador registrado ante la Dirección Nacional de Firma Electrónica del Registro Público de Panamá.
  • Contiene un Código Único de Facturación Electrónica.

Facturador Gratuito del Sistema de Factura Electrónica de Panamá.

La Dirección General de Ingresos pondrá a disposición de los contribuyentes persona natural y MIPYME la posibilidad de generar documentos electrónicos tales como facturas, notas de débito y notas de crédito, obtener la autorización de la DGI y enviarlo al correo electrónico del receptor. Muy similar al servicio que brinda un proveedor PAC.

Obligaciones de los Emisores de Facturas Electrónicas.

  • Contar con la excepción de uso de equipos fiscales.
  • Contar con certificado electrónico expedido por un certificador registrado ante la Dirección Nacional de Firma Electrónica del Registro Público de Panamá para firmar sus documentos electrónicos.
  • Estar registrado ante el Sistema de Factura Electrónica de Panamá de la DGI.
  • Emitir documentos de acuerdo a la ficha técnica.
  • Contratar los servicios de un Proveedor de Autorización Calificado (PAC).
  • Reportar eventos posteriores relacionados a una factura electrónica, tales como anulaciones y/o devoluciones.

Responsabilidad del Receptor de la Factura Electrónica.

Verificar que la factura electrónica ha sido registrada ante la DGI y cuenta con autorización de uso antes de utilizarla como documento de soporte de crédito fiscal. Adicionalmente, la movilización de bienes como resultado de cualquier transferencia o prestación de servicios respaldada por factura electrónica deberá estar acompañada de su formato impreso o en formato electrónico que permita su visualización. Es el caso  del receptor en su calidad de comprador al salir de un establecimiento comercial pues la obligación de exigir la factura se mantiene y deberá mostrar su versión impresa o electrónica en su dispositivo móvil.

Fechas Importantes. Entrada en vigencia.

31 de julio de 2020: las disposiciones generales, las definiciones, las especificaciones de factura electrónica y las autorizaciones para los Proveedores de Autorización Calificados. Procesos de adecuación y pruebas del sistema por los contribuyentes. 

2 de enero de 2021: los deberes de los usuarios de factura electrónica.

Novedades Equipos Fiscales.

Personas obligadas a implementar y cumplir estas normas de equipos ficales.

Inicialmente se dispuso que toda persona natural o jurídica obligada de acuerdo con la Ley 76 de 1976 y que la Dirección general de Ingresos publicaría la fecha en que se hará efectivo el uso de los Equipos Fiscales. Sin embargo, la norma actualizada indica que la Dirección General de Ingresos publicará la fecha en que se hará efectivo el uso del dispositivo de comunicación y/o el componente de transmisión de datos.

Definiciones técnicas.

Originalmente se definieron 22 conceptos relacionados con los aspectos técnicos de la reglamentación ahora con el nuevo Decreto Ejecutivo se adicionan 2 conceptos nuevos: (i) componente de transmisión de datos y (ii) interfaz de programación de aplicaciones web.

Reporte Global Diario o Reporte Z.

Inicialmente se requería que, entre otros aspectos, contuviera: el monto total de las operaciones realizadas, separando los montos de las operaciones gravadas y de las exentas o exoneradas; así como el impuesto causado, discriminando por tipo y porcentaje aplicable. Ahora se requiere que adicionalmente incluya la información del total de descuentos y devoluciones.

Además, se dispone lo siguiente:

“En los casos en que es obligatorio implementar el componente de transmisión de datos por software y no por firmware, la DGI solicitará que el Software de Facturación Fiscal guarde en un medio de almacenamiento los datos totales de cada documento fiscal individual de donde se derivan los totales del Reporte Z.”

Capacidad de conectarse con la DGI.

Todo equipo fiscal debe tener la capacidad de conectarse y compartir por medio de internet información a la plataforma habilitada por la DGI mediante la API web web (interfaz web entre el equipo fiscal y la DGI). Los equipos fiscales deben transmitir de forma automática y periódica los datos contenidos en el Reporte Global Diario o Reporte Z.

Obligaciones del Usuario de Equipo Fiscal.

  • Informar al distribuidor (proveedor del equipo fiscal) la desincorporación (cese de su utilización) del equipo fiscal.
  • Contratar exclusivamente servicios de reparación o mantenimiento con fabricantes o sus representantes autorizados.
  • Conservar en el local el Libro de Control de Reparación y Mantenimiento.
  • Emitir el Reporte Global Diario por cada día de operación.
  • Conservar en buen estado el dispositivo de seguridad y la etiqueta fiscal adherida al equipo fiscal.
  • Emitir reportes de memoria fiscal a solicitud de la DGI.
  • Modificar los porcentajes impositivos por reformas legales.
  • Disponer y mantener servicio de internet que permita la correcta operación del dispositivo de comunicación y/o el componente de transmisión de datos del equipo fiscal. Toda falla de conectividad deberá ser atendida dentro de un plazo máximo de 7 días.

Opciones para comunicar datos:

Dispositivo de comunicación es el componente de hardware y firmware incorporado al equipo fiscal, o externo pero compatible que se conecta a internet para el reporte de las operaciones. Su programa de control está integrado en un único firmware sin permitir el uso de ningún software que puede ser vulnerable a la intervención externa.

Componente de transmisión de datos es el sistema que permite comunicarse directa o indirectamente con el equipo fiscal para obtener datos reales y comunicarse directamente con la API web para recibir comandos y transmitir los datos solicitados por la DGI.

Crédito Fiscal.

Quienes adquieren e instalen el Equipo Fiscal con Dispositivo interno o externo, tienen derecho a un crédito fiscal correspondiente al 100% de su valor o hasta B/400.00, el que sea menor. Este crédito podrá ser cedido a otros contribuyentes.

Fechas Importantes. Cumplimiento.

31 de octubre de 2020: antes de esta fecha, los equipos fiscales susceptibles de adaptarse a la nueva reglamentación deben ser presentados ante la DGI para obtener nueva autorización de uso. Si son equipos fiscales que utilizan dispositivo de comunicación externo, deben presentar ambos dispositivos ante la DGI para su evaluación conjunta.

2 de enero de 2021:   a esta fecha, las personas obligadas han debido realizar los ajustes necesarios para su implementación. Queda prohibido el uso de cualquier otro medio de facturación, salvo aquellos autorizados expresamente por la DGI.

Nos mantenemos a su disposición para aclarar lo que estimen prudente. Favor contactarnos en [email protected] o directamente a:

Inocencio Galindo
Socio, Morgan & Morgan
[email protected]

Amanda Barraza de Wong
Asociada Senior, Morgan & Morgan
[email protected]

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Panamá: The Shipping Law Review

Panamá, 24 de agosto de 2020.
Juan David Morgan Jr., socio y encargado de la práctica de Litigios Marítimos de Morgan & Morgan, formó parte del panel de expertos de la séptima edición de The Shipping Law Review, publicación que destaca a las principales jurisdicciones y sus regulaciones relacionadas al manejo de disputas marítimas.

La versión en línea del capítulo de Panamá está disponible aquí.

O puede descargar la opción PDF aquí. (Disponible en inglés).

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Morgan & Morgan logra el máximo nivel en la Guía de Derecho sobre Patrimonio Privado de Chambers & Partners 2020.

Panamá, 29 de julio de 2020.

Morgan & Morgan se complace en anunciar que, por quinto año consecutivo, la práctica de Derecho sobre Patrimonio Privado de la firma alcanzó el nivel más alto (Banda #1) en la edición 2020 de la guía de Derecho sobre Patrimonio Privado de Chambers & Partners, una publicación dirigida al mercado internacional de patrimonio privado y punto de referencia clave de las mejores firmas de abogados en términos de excelencia en el servicio y reputación.

“Es un gran jugador en el mercado panameño, capaz de manejar asuntos fiscales complejos. Son excelentes para resolver problemas con un enfoque práctico y efectivo”, indica un comentarista de mercado a Chambers.

Tres de los socios de Morgan & Morgan también fueron distinguidos con altos niveles en la guía:

Roberto Lewis Morgan, jefe de la práctica con una amplia experiencia en asuntos de preservación y distribución de riqueza, incluidas las fundaciones privadas y vehículos corporativos. Un cliente comenta a Chambers que: “Él hace que las cosas se muevan dentro de la firma” y es “receptivo con los clientes”.

Raúl Castro, socio y asesor del gobierno panameño en materia fiscal internacional, implementación de CRS y FATCA. Un experto del mercado comentó a Chambers: Castro, “es absolutamente sobresaliente”, y explica: “Es la persona a quien recurrir cuando se tiene algo complejo en Panamá o en las Islas Vírgenes Británicas.  Él tiene un enfoque muy práctico hacia las necesidades del cliente”.

Luis Manzanares, socio y con experiencia sustancial en asuntos de preservación de riqueza, incluyendo asesoría fiscal y de planificación de sucesoria en fondos de inversión, fideicomisos y fundaciones de interés privado. “Un abogado inteligente con gran experiencia internacional”, dice un cliente a Chambers.

Morgan & Morgan cuenta con un experimentado equipo de abogados con amplia trayectoria en estructuras tradicionales de protección y gestión de patrimonio, tales como fideicomisos discrecionales y no discrecionales, fundaciones de interés privado y sociedades. Hace más de cinco años, la firma inició una nueva práctica dirigida por un grupo de abogados jóvenes con un profundo conocimiento en estructuras modernas diseñadas para individuos y familias de HNW.

Más información sobre este reconocimiento está disponible aquí.

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Novedades de las recientes modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas: Transparencia e inhabilitaciones en las contrataciones

22 de junio de 2020
(Segunda Parte)

Entre las modificaciones que se hacen a la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas, a través de la reciente aprobación de la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, se pueden observar avances en la estandarización de todos los documentos utilizados en las contrataciones, y no solo en el proceso de selección de contratista, sino de documentos previos y posteriores a la selección, que realiza la Dirección de Contrataciones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas.

En materia de avance en temas de transparencia, se ha agregado el requerimiento de un Manual de Integridad, para ser suscrito por todas las partes del proceso de selección de contratista. Dicho manual será incluido en todos los pliegos de cargos que se realicen a partir de la entrada en vigencia de esta ley (8 de septiembre de 2020).

Las modificaciones hechas a la Ley 22 de 2006, incluyen finalmente inhabilitaciones a empresas, por sentencias judiciales en el extranjero, y se mantienen inhabilitaciones por cinco años para las mismas. Así mismo, se incluyen inhabilitaciones a empresas que compartan accionistas, dignatarios, directores y/o representante legal con otras inhabilitadas.

Otro punto que nos parece importante tener presente es la eliminación del procedimiento de selección de contratista denominado “Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada”, el cual fue objeto de cuestionamientos por actos de corrupción cometidos a través del mismo, por la forma en la cual se establecía o se mantenía en secreto el precio de referencia, y porque obligaba a una puntuación en aspectos técnicos y financieros, para luego entrar a los aspectos del mejor precio, lo cual levantaba suspicacias.

Morosidad en los municipios

Entre los aspectos innovadores que trae la norma, en materia de inhabilitación de contratista, ahora se dispone que los municipios notificarán la morosidad de los proponentes, quienes serán descalificadas, si son las empresas ganadoras. Este puede resultar un punto muy controvertido, porque los cobros de los impuestos locales se mezclan en la selección de contratistas del Estado, como ente nacional. Adicionalmente, una deuda de un municipio por aforos indebidos de impuestos podrá utilizarse como mecanismo de desacreditación y descalificación de empresas.

Una realidad que habrá que enfrentar es que los municipios y sus cobros no están al día, por lo que el cierre de operaciones ante un municipio puede ser un proceso complicado, y demorado; sobre todo en el Municipio de Panamá.

¿Y no está claro qué sucede con morosidades en apelación? El Municipio de Panamá incluye como deudas de plazo vencido, todas las morosidades que están siendo recurridas por los contribuyentes, cuando deberían ser solamente las de plazo vencido.

En los próximos artículos sobre las modificaciones a esta Ley, abordaremos temas como el proceso de selección de contratistas y sus modificaciones, el proceso excepcional de contrataciones, los cambios al concepto de Convenios Marco, la inclusión de cláusulas arbitrales a los pliegos de cargo y/o contratos, entre otros asuntos de interés.

Finalmente, compartimos el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017, incluyendo y reflejando para fácil referencia las modificaciones aprobadas mediante la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. Tomar nota que estas modificaciones entrarán en efecto a partir del 8 de septiembre de 2020. Para acceder a dicho documento hacer clic aquí. 

María Eugenia Brenes
Asociada, Morgan & Morgan
[email protected]

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Panamá reglamenta su Régimen de Propiedad Horizontal

24 de junio de 2020.

En junio de 2020 se cumplen diez años de haberse expedido la Ley 31 de 18 de junio de 2010, mediante la cual se establece el Régimen de Propiedad Horizontal en Panamá. Este mismo mes, finalmente se publica y entra en vigor su respectiva reglamentación, mediante el Decreto Ejecutivo 151 de 16 de junio de 2020 (“Decreto Ejecutivo 151”).

Aunque muchas de las disposiciones en esta reglamentación ya se ejecutaban en la práctica, el Decreto Ejecutivo 151 desarrolla con mayor amplitud los siguientes aspectos de interés:

  1. El trámite de incorporación al régimen de propiedad horizontal sobre más de una finca y sus mejoras, bastando el consentimiento de su respectivo propietario.
  2. Lo concerniente a la incorporación al régimen de propiedad horizontal de lotificaciones, parcelaciones y urbanizaciones con lotes servidos cuyas mejoras se edifiquen posteriormente.   Se establece que para incorporar las mejoras nuevas y levantar la marginal impuesta al incorporarse al régimen de propiedad horizontal, basta con la obtención de la certificación del pago de la tasa respectiva que expide la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).
  3. La tramitación de las incorporaciones de propiedad horizontal originaria y derivada, así como de propiedades horizontales destinadas a alojamiento público turístico. Se solicita se aporten al inicio del trámite, documentos esenciales como lo son, en el primer caso el plano de lotificación aprobado en la Dirección Nacional de Ventanilla Única del MIVIOT y en el segundo caso, la certificación vigente de inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Turismo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
  4. El trámite de incorporación de las edificaciones construidas sobre terrenos concesionados o propiedad de terceros.
  5. Queda establecido el porcentaje de avance de obra para iniciar la solicitud de incorporación al régimen de propiedad horizontal según el tipo de incorporación.
  6. Establece con detalle los pasos que el MIVIOT debe completar internamente con respecto a las solicitudes de incorporación al régimen de propiedad horizontal.
  7. El rol del Comité de Administración de la Propiedad Horizontal. Se permite la designación de la figura del Subadministrador.
  8. El tratamiento de las mejoras suntuosas.
  9. El proceso para reservar el nombre del PH en el Registro Público de Panamá.
  10. El tema de las reservas del promotor por el término máximo de diez años de las que hace referencia la Ley 31 de 2010.
  11. En la reserva de la azotea se menciona el acceso independiente obligatorio al área de rescate que establece el Benemérito Cuerpo de Bomberos.Es importante mencionar que, si en el reglamento de copropiedad se va a hacer una reserva del uso de la azotea, el promotor debe adicionar a la solicitud de incorporación al régimen de propiedad horizontal una declaración jurada que certifique que la reserva se hizo constar en los respectivos contratos de promesa de compraventa y compraventa.
  12. La conversión al régimen de propiedad horizontal de las urbanizaciones de calles privadas que se rigen por asociaciones sin fines de lucro conforme a la Resolución 28-2003 de 21 de febrero de 2003 del MIVIOT.   Es consabido que este modelo de desarrollo inmobiliario conlleva la instalación de garitas para controlar el acceso público y las calles internas de la urbanización, que, en lugar de ser transferidas al Estado, son transferidas a la asociación.  Este tipo de regulación tiene la desventaja de no garantizar las restricciones que se impongan sobre la finca madre o en la primera escritura de transferencia, más allá del término que la Constitución Política permite, sumado a la poca celeridad y efectividad en la recaudación de la cuota de mantenimiento morosa, ya que no siempre se puede documentar la deuda en un título ejecutivo. A diferencia del régimen de propiedad horizontal que sí otorga mérito ejecutivo a la certificación de deuda emitida por el administrador inscrito, lo que facilita la interposición de un proceso ejecutivo.

Otro aspecto que llama la atención es que se deja con claridad que, si el desarrollo inmobiliario requiere una servidumbre de paso o de otro tipo, deberá presentarse plano aprobado por el MIVIOT y si responde a otra entidad por su naturaleza, igualmente deberá aportarse el correspondiente plano aprobado por dicha institución.

Se deja por sentado que el promotor entrega los bienes comunes al representante legal de la Propiedad Horizontal una vez haya obtenido el permiso de ocupación y haya traspasado al menos un 51% de las unidades inmobiliarias.

En concordancia con la Ley 31 de 2010, se establece que la cuota de mantenimiento se fija por metro cuadrado para los desarrollos inmobiliarios verticales y por unidad inmobiliaria en los desarrollos inmobiliarios horizontales, circunscribiendo su fijación a parámetros objetivos y enfatizando que el cálculo de dicha cuota de mantenimiento no puede estar vinculada a parámetros particulares de determinado propietario o unidad inmobiliaria.

En cuanto a la forma de celebrar las reuniones de los propietarios, el Decreto Ejecutivo 151 regula que puede ser establecida en el reglamento de copropiedad la modalidad de participación virtual a través de métodos electrónicos y tecnológicos.  Sin embargo, algunos interpretan que la ley 31 de 2010 no especifica que la asistencia es esencialmente presencial.  En los tiempos que vivimos donde las reuniones presenciales son limitadas y hasta prohibidas, ¿qué pasará con aquellos PH que no cuentan con esa especificación prevista en su reglamento de copropiedad?  ¿Se verán obligados a tramitar la modificación del reglamento para lograr las reuniones virtuales? Hemos escuchado diferentes opiniones al respecto, por lo que sería interesante conocer el pronunciamiento de la Dirección de Propiedad Horizontal, luego de la expedición de esta reglamentación.

Autoras:

Giselle Moncada
Asociada Senior, Morgan & Morgan
[email protected]

María Eugenia Crespo
Asociada, Morgan & Morgan
[email protected]

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Guía Comparativa del Mercado de Valores, The Legal 500, edición 2020

Panamá, 22 de junio de 2020. Los socios Francisco Arias G. y Ricardo Arias, contribuyeron con el Capítulo de Panamá de la Guía Comparativa del Mercado de Valores The Legal 500, una publicación que detalla aspectos relevantes sobre la legislación y la práctica del Mercado de Valores en diferentes jurisdicciones.

La versión en línea del capítulo de Panamá se encuentra disponible aquí (En inglés).

O puede descargar la versión PDF aquí (En inglés).

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Morgan & Morgan contribuyó en la guía Índice de Estado de Derecho

Panamá, 19 de junio de 2020.  María Eugenia Brenes, Mayte Sánchez González, Milagros Caballero y Carlos Ernesto González Ramírez, abogados de Morgan & Morgan, contribuyeron con el capítulo de Panamá de la publicación Índice de Estado de Derecho, un proyecto de The World Justice Project (WJP).

La publicación, que contó con el apoyo de expertos de diferentes países, ofrece un estudio del estado de derecho en 126 países proporcionando puntajes y clasificaciones basadas en ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal.

La versión electrónica del libro está disponible en línea aquí. (En inglés).

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Morgan & Morgan es reconocido por su labor Pro-Bono

Panamá, 9 de junio de 2020.  Por séptimo año consecutivo, Morgan & Morgan ha recibido el reconocimiento “Leading Lights” a nivel de Latinoamérica por el programa Pro-Bono que ejecuta la firma de abogados. En Panamá, solamente Morgan & Morgan alcanzó este reconocimiento, compartiendo honores con otras de muy alto calibre en toda la región.

Esta distinción fue otorgada por la publicación Latin Laywer, quien en conjunto con el Cyrus R. Vance Center for Internacional Justice, realiza una encuesta anual tomando como base la formación de la práctica dentro la firma, la participación de sus abogados y los casos atendidos.

Morgan & Morgan apoya a más de 25 ONG a quienes se les brinda asesoría en temas legales relacionados con: servicios corporativos, trámites laborales, fiscales, entre otras áreas del derecho en la que puedan requerir asistencia.   Esto les permite a estas organizaciones enfocarse en el desarrollo de sus actividades propias y a la vez capacitarse en áreas donde no son especialistas

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