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Español El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral extiende vigencia de permisos de trabajo
La Resolución No. DM-212-2020 del 29 de julio de 2020 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), publicada en Gaceta Oficial Digital el día 31 de julio de 2020, modifica el artículo primero de la Resolución No. DM-163-2020 del 18 de junio de 2020, en relación a la vigencia de los permisos de trabajo vencidos durante los meses de marzo a julio de 2020, conforme a lo siguiente:
- Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de los permisos de trabajo vencidos en el mes de julio de 2020.
- Se mantiene la extensión de la vigencia otorgada a los permisos de trabajo que vencían originalmente durante los meses de marzo a junio de 2020:
- Permisos de trabajo vencidos en el mes de marzo, tendrán vigencia hasta el 31 de agosto de 2020.
- Permisos de trabajo vencidos en el mes de abril, tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020.
- Permisos de trabajo vencidos en el mes de mayo, tendrán vigencia hasta el 31 de octubre de 2020.
- Permisos de trabajo vencidos en el mes de junio, tendrán vigencia hasta el 30 de noviembre de 2020.
- Esta resolución empezará a regir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial.
- Publicado en 2020, Labor and immigration_covid_esp
Aprueban Proyecto de Ley que establece medidas temporales de protección al empleo por razón del COVID-19
El día de hoy fue aprobado en Tercer Debate el Proyecto de Ley No. 354 que establece medidas importantes que aplicarán de forma temporal a las empresas que cerraron total o parcialmente durante el Estado de Emergencia y a los trabajadores suspendidos.
A continuación, los puntos más importantes que fueron aprobados:
- Se extienden hasta el 31 de diciembre de 2020 las suspensiones de los contratos de trabajo. Estas prórrogas se realizarán de mes a mes, y no aplicará la figura del silencio administrativo. Se requiere aprobación expresa del MITRADEL.
- El empleador podrá reiniciar progresivamente sus labores reintegrando gradualmente a sus trabajadores.
- Se prohíbe la contratación de nuevos trabajadores en igual o similar posición a la de un trabajador suspendido. No obstante, sólo se permitirá la contratación de nuevos trabajadores si se requiere nuevos puestos de trabajo, lo que deberá ser informado al sindicato, o a los trabajadores, donde no exista organización sindical.
- El reintegro gradual no puede ser utilizado discriminatoriamente en perjuicio de los trabajadores. Si se comprueba, la multa oscilará entre $500 y $1,000 por cada trabajador discriminado.
- El empleador que ha reactivado su operación podrá establecer turnos distintos a los vigentes, las veces que lo considere necesario, informando a los trabajadores con 48 horas de anticipación.
- Los trabajadores que en la 2ª. partida no tienen derecho al 13° mes, por razón de la suspensión, tendrán derecho a recibir un bono determinado por el Ejecutivo, pagado a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Para los mutuos acuerdos, el empleador entregará al trabajador la propuesta escrita para que la responda en 2 días hábiles. Si se firma el mutuo acuerdo sin el cumplimiento de este plazo, el trabajador podrá demandar la nulidad del acuerdo, y solicitar el reintegro ante los juzgados seccionales de trabajo.Se presume cierta la afirmación del trabajador de que no se le otorgó el término de 2 días para responder.
- La terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, despido o por decisión unilateral del empleador dentro de los 3 meses siguientes al reintegro, obliga a la cancelación inmediata, en un solo pago, del total de las prestaciones o derechos.
- El cálculo de la prima de antigüedad y la indemnización para los trabajadores con contratos suspendidos o con reducción de jornada, se calculará de acuerdo a los salarios que recibía durante los 6 meses anteriores al Estado de Emergencia.
- Se suspende el cómputo del tiempo correspondiente al fuero de maternidad durante el período de suspensión, cuando ésta sea por causas de fuerza mayor o caso fortuito o incapacidad económica para la prosecución de las actividades.
- El tiempo restante del fuero se reactivará tan pronto se reintegre la trabajadora.
- Esta ley empezará a regir a partir de su promulgación.
Para consultas por favor escríbanos a [email protected]
- Publicado en 2020, Labor and immigration_covid_esp
Morgan & Morgan logra el máximo nivel en la Guía de Derecho sobre Patrimonio Privado de Chambers & Partners 2020.
Panamá, 29 de julio de 2020.
Morgan & Morgan se complace en anunciar que, por quinto año consecutivo, la práctica de Derecho sobre Patrimonio Privado de la firma alcanzó el nivel más alto (Banda #1) en la edición 2020 de la guía de Derecho sobre Patrimonio Privado de Chambers & Partners, una publicación dirigida al mercado internacional de patrimonio privado y punto de referencia clave de las mejores firmas de abogados en términos de excelencia en el servicio y reputación.
“Es un gran jugador en el mercado panameño, capaz de manejar asuntos fiscales complejos. Son excelentes para resolver problemas con un enfoque práctico y efectivo”, indica un comentarista de mercado a Chambers.
Tres de los socios de Morgan & Morgan también fueron distinguidos con altos niveles en la guía:
Roberto Lewis Morgan, jefe de la práctica con una amplia experiencia en asuntos de preservación y distribución de riqueza, incluidas las fundaciones privadas y vehículos corporativos. Un cliente comenta a Chambers que: “Él hace que las cosas se muevan dentro de la firma” y es “receptivo con los clientes”.
Raúl Castro, socio y asesor del gobierno panameño en materia fiscal internacional, implementación de CRS y FATCA. Un experto del mercado comentó a Chambers: Castro, “es absolutamente sobresaliente”, y explica: “Es la persona a quien recurrir cuando se tiene algo complejo en Panamá o en las Islas Vírgenes Británicas. Él tiene un enfoque muy práctico hacia las necesidades del cliente”.
Luis Manzanares, socio y con experiencia sustancial en asuntos de preservación de riqueza, incluyendo asesoría fiscal y de planificación de sucesoria en fondos de inversión, fideicomisos y fundaciones de interés privado. “Un abogado inteligente con gran experiencia internacional”, dice un cliente a Chambers.
Morgan & Morgan cuenta con un experimentado equipo de abogados con amplia trayectoria en estructuras tradicionales de protección y gestión de patrimonio, tales como fideicomisos discrecionales y no discrecionales, fundaciones de interés privado y sociedades. Hace más de cinco años, la firma inició una nueva práctica dirigida por un grupo de abogados jóvenes con un profundo conocimiento en estructuras modernas diseñadas para individuos y familias de HNW.
Más información sobre este reconocimiento está disponible aquí.
- Publicado en 2020, Estate Planning, Luis Manzanares, news, Raul Castro, Roberto Lewis
Superintendencia de Sujetos No Financieros emite nueva reglamentación para abogados y contadores públicos autorizados
Panamá, 24 de julio de 2020.
Mediante el Acuerdo JD-01-2020, publicado en Gaceta Oficial No. 29076 del 24 de julio de 2020, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) ha establecido un conjunto de nuevos lineamientos y directrices a los abogados y contadores públicos autorizados, cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen algunas de las actividades sujetas a supervisión contempladas en la Ley 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
A continuación, resumimos algunos puntos relevantes sobre esta nueva reglamentación:
Acceso a la información de clientes
El artículo 3 del Acuerdo JD-01-2020 establece que los abogados y contadores públicos autorizados supervisados por la SSNF en el ejercicio de las actividades profesionales supervisadas, deberán, a requerimiento de la SSNF, entregar un listado de clientes clasificados en términos cualitativos y cuantitativos, atendiendo al enfoque basado en riesgo. Los clientes con los cuales se haya terminado la relación comercial deberán ser incluidos en tal listado con explicación del motivo de la terminación de la relación comercial.
Durante la supervisión, se deberán suministrar los documentos que sustenten la relación con cada cliente (incluyendo contratos, acuerdos, convenios, etc.), así como documentación de las medidas de debida diligencia y de control aplicadas.
Medidas de Debida Diligencia
Los artículos 6 y 7 del Acuerdo JD-01-2020 establecen los requisitos de las medidas de debida diligencia (ampliada o reforzada) para los casos de persona natural y persona jurídica, que deberán requerir los contadores públicos autorizados y abogados, en los escenarios que la Ley 23 de 2015 requiera la aplicación de tal medida en atención de casos de alto riesgo.
La nueva reglamentación también establece un listado de los clientes que pueden ser objeto de medidas simplificadas en el marco de las actividades profesionales supervisadas ejercidas por abogados y contadores públicos autorizados, lo cual es algo que no había sido regulado en el reglamento anterior.
Directores o Apoderados
Los abogados y contadores públicos autorizados deberán, por requerimiento, revelar a la SSNF la identidad de las personas que utilizan para designar u ofrecer los servicios de directores nominales (nominees) a sus clientes.
El Acuerdo JD-01-2020 derogó y dejó sin efecto la Resolución JD-14-2015 y sus modificaciones, que constituían la reglamentación original aplicable a las actividades profesionales reguladas.
Para más información o asesoría relacionada con este tema favor contactar a:
Pablo Epifanio
Asociado Senior, Morgan & Morgan
[email protected]
- Publicado en Pablo Epifanio, 2020, Press Room, Publicaciones
Impuesto sobre la Renta: Nuevas disposiciones para incentivar al sector logístico en Panamá
18 de julio de 2020.
En medio de la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país producto de la pandemia COVID-19, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 354 de 9 de julio de 2020 (DE 354/2020), que modifica y adiciona disposiciones a los literales a) de los artículos 10 y 13 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 1993 (DE 170/1993), que establecen las rentas consideradas de fuente extranjera y las rentas exoneradas del Impuesto sobre la Renta, respectivamente.
Las modificaciones contenidas en el DE 354/2020, que empezaron a regir a partir del 9 de julio de 2020, se derivan de la estrategia del Gobierno Nacional de la República de Panamá, que busca dinamizar la economía a través de la generación de plazas de empleos, la realización de nuevas inversiones y la atracción de más carga a las zonas libres, zonas francas, áreas económicas especiales, aeropuertos o puertos nacionales e incluso zonas primarias o recintos portuarios aduaneros ubicados en el territorio nacional.
¿En qué consisten las modificaciones?
La disposición adicionada al literal a) del artículo 10 del decreto reglamentario, consiste principalmente en considerar como actividad generadora de renta de fuente extranjera, aquellas operaciones que radican en la facturación por parte de personas jurídicas no establecidas en Panamá, de mercancías o productos que sean consignados a un operador logístico ubicado en una zona libre, área económica especial, zona franca, zona primaria de aeropuerto nacional, o zona primaria o recinto portuario aduanero de un puerto o terminal otorgada en concesión por medio de un contrato ley; siempre y cuando dichas mercancías o productos sean posteriormente remitidos hacia el exterior u otras zonas, áreas o recintos bajo regímenes aduaneros suspensivos de los derechos de importación.
Estas operaciones serán consideradas como generadoras de renta de fuente extranjera, aunque dichas mercancías o productos hayan sido objeto de operaciones de introducción, almacenaje, administración de inventario, clasificación, consolidación, desconsolidación, traspaso, distribución, empaque, reempaque, etiquetaje, re-etiquetaje, fraccionamiento, refrigeración, separación, transporte, montaje, ensamblaje, transformación, adaptación, reparación, restauración o su puesta a punto. Es decir, operaciones logísticas comúnmente desarrolladas en las zonas o áreas especiales comerciales.
Adicionalmente, se establece que no tendrán un establecimiento permanente aquellas personas jurídicas no establecidas en Panamá por el sólo hecho de llevar a cabo las operaciones antes mencionadas, cuando dichas mercancías o productos no tengan como destino final el territorio nacional aduanero.
Por otro lado, la disposición adicionada al literal a) del artículo 13 del decreto reglamentario, consiste en adicionar como renta exoneradas del Impuesto sobre la Renta, los ingresos percibidos por operaciones de la logística a mercancías o productos que arriben consignados a un operador logístico en una zona primaria de un aeropuerto nacional, o en una zona primaria o recinto portuario aduanero de un puerto o terminal otorgada en concesión por medio de un contrato ley; siempre y cuando las mercancías o productos sean posteriormente remitidos hacia el exterior u a otras zonas, áreas o recintos bajo regímenes aduaneros suspensivos de los derechos de importación.
Como indicamos anteriormente, las modificaciones introducidas por el DE 354/2020, están enfocadas principalmente en incentivar el desarrollo de operaciones de facturación de mercancías o productos que tienen destino final fuera de la República de Panamá y que al estar ubicadas en algún régimen de tributación especial tienen suspensión de los tributos aduaneros (derechos de importación e Impuesto a la transferencia de bienes corporales muebles y prestación de servicios -ITBMS).
El nuevo Decreto Ejecutivo brinda espacio para el análisis e incluso rediseño del plan de negocios de los contribuyentes y agentes en el sector logístico. ¿Una regla se enfoca en el inversionista dueño del inventario y la otra incentiva al operador logístico?
Para más información o consultas relacionadas con este tema favor contactar a [email protected], o directamente a nuestro equipo legal a continuación:
Inocencio Galindo
Socio, Morgan & Morgan
[email protected]
Amanda Barraza
Asociada Senior, Morgan & Morgan
[email protected]
Angélica Ortiz
Asociada, Morgan & Morgan
[email protected]
- Publicado en 2020, Publicaciones, taxation_covid_esp
Morgan & Morgan representó a Electron Investment, S.A. en una oferta pública de bonos corporativos por una suma de hasta US$205 millones
Panamá, 15 de julio de 2020.
Morgan & Morgan representó a Electron Investment, S.A. (el “Emisor”), una sociedad panameña que posee y opera dos centrales de generación hidroeléctrica, Pando y Monte Lirio, con una capacidad instalada en conjunto de 85MW, en una oferta pública de bonos corporativos por una suma de hasta US$205,000,000 (los “Bonos”). Para los fines de la oferta pública, Electron Investment, S.A. registró los Bonos ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá bajo el procedimiento de registro abreviado de valores de emisores registrados recurrentes bajo el Acuerdo 1-2019. Los Bonos se ofrecieron exitosamente a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y fueron adquiridos por un grupo de inversionistas institucionales liderado por Banco General. El Emisor utilizó los fondos provenientes de la venta de los Bonos principalmente para cancelar la Serie A de los bonos corporativos emitidos bajo una oferta pública de bonos registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. SMV-407-15 de 30 de junio de 2015 (los “Bonos 2015”), y para cancelar un préstamo subordinado con Banco General.
Las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos están garantizadas por un fideicomiso de garantía (el “Fideicomiso”) que fue constituido en 2015 por el Emisor y BG Trust, Inc., este último en su capacidad de fiduciario, para garantizar las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos 2015; el cual fue modificado el 14 de mayo de 2020 conforme autorizó una súper mayoría de los tenedores de dicha emisión. La enmienda fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. SMV-212-20 de 15 de mayo de 2020, principalmente con el propósito de establecer que, una vez canceladas las obligaciones derivadas de los Bonos 2015, el Fideicomiso continuará vigente garantizando las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos. Los activos del Fideicomiso consisten principalmente de flujos que el Emisor tiene derecho a recibir conforme a contratos de suministro de energía y/o potencia y transacciones en el mercado ocasional. También se ha constituido a favor del fiduciario una prenda sobre las acciones emitidas por el Emisor e hipotecas tanto sobre bienes muebles como inmuebles de propiedad del Emisor, relacionadas a las centrales hidroeléctricas.
Ramón Varela y Ricardo Arias, socios; Ana Carolina Castillo, asociada senior; y Miguel Arias M., asociado internacional; participaron en esta transacción.